El presidente electo, Iván Duque, ha sido enfático en la importancia de tener un gabinete igualitario, y lo ratificó en su discurso de posesión, al decir que la mitad de sus ministros serían mujeres.
Sin embargo, de los nombres que ya se conocen de quienes estarán al frente de las carteras de Hacienda, Relaciones Exteriores, Agricultura, Salud, Comercio, Educación, Interior, Ambiente, Defensa y Vivienda, llama la atención la poca participación femenina.
Hasta ahora, en su gabinete solo hay dos mujeres y están en las carteras de Educación e Interior, y hay expectativas de que otra más llegue a la dirección del ministerio de Transporte o TIC.
Entre los nombramientos, está la economista María Victoria Angulo, quien llega a la dirección del Ministerio de Educación y venía desempeñándose como Secretaria de Educación Distrital. Angulo, 43 años, estudió en la Universidad de Los Andes y tiene una maestría en análisis económico aplicado de la Universidad Pompeu Fabra.
La otra figura femenina del gabinete es Nancy Patricia Gutiérrez, quien será la primera mujer en estar al frente del Ministerio del Interior. Gutiérrez, de 54 años, era la presidente de Asomóvil, es abogada y especialista en derecho administrativo de la Universidad del Rosario.
«Es la primera vez que se nombra a una mujer en Ministerio del Interior; en el Ministerio de Educación normalmente se nombran mujeres», comentó Liliana Gómez, analista política y docente investigadora en comunicación política del Externado, y aseguró que ve «poco probable que Duque nombre más mujeres en el gabinete».
La abogada y docente de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Claudia Dangond, concuerda con Gómez en que una de las tendencia que se observa en el perfil de los nuevos ministros es que en su mayoría son economistas y abogados.
Para Dangond, los nombramientos muestran perfiles ministeriales que «en su mayoría, tienen cercanía profesional y académica a la cartera en la que fueron designados», y añadió que «el hecho de que sean abogados y economistas en su mayoría lo que indica es que hay una intención muy fuerte de preservar el Estado de derecho y el sistema jurídico, y evitar que esas políticas públicas vayan en contravía del modelo económico».
