El tema gay en América Latina es contradictorio: la región tiene las tasas más altas de violencia contra la comunidad LGBT, pero también tiene algunas de las leyes más progresistas para la igualdad y la protección de esta comunidad.
Turismo latino:
Actualmente, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, y sus legislaciones también reconocen la unión civil y la adopción.
En Chile es legal la unión civil entre personas del mismo sexo. Buenos Aires fue la primera ciudad en América Latina en legalizar las uniones civiles de personas LGBT en el año 2003.
En países como Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela, Perú, Cuba, República Dominicana y Panamá es legal la actividad sexual en personas del mismo sexo, pero de estos, solo Costa Rica y México permiten las uniones y la adopción de parejas LGBT.
Ecuador por su parte permite la unión de hecho pero no la adopción.
Si pasamos por el Caribe, encontramos 8 ocho estados, entre ellos Jamaica, que califican ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo y en el caso de Puerto Rico, las relaciones homosexuales estuvieron penalizadas hasta 2004 cuando entró en vigor el nuevo Código Penal.
Desde 2007, Curazao, Sint Maarten y Aruba, reconocieron los matrimonios entre personas LGBT y en 2016, este último, se convirtió en el primer país insular del Caribe en legalizar la unión civil entre parejas del mismo sexo.
Legislación en contra de la discriminación:
Catorce países latinoamericanos han aprobado leyes que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo basada en la orientación sexual.
México prohíbe constitucionalmente toda discriminación motivada por las «preferencias sexuales» y tiene en funcionamiento el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua incluyen la orientación sexual y/o la identidad de género como categoría protegida en su legislación contra la discriminación.
Panamá incluye la protección contra discriminación con base en la orientación sexual en leyes específicas y en Guatemala, se creó la Defensoría de la Diversidad Sexual, en 2014, cuyo objetivo es velar por los derechos de la comunidad LGBT.
Los delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género están tipificados únicamente en El Salvador y Honduras. En Nicaragua, el Código Penal establece penas agravadas para los delitos motivados por la orientación sexual de la víctima y el discurso de odio contra personas LGBT está prohibido únicamente en Honduras y México.
